Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, advirtió a México que en las próximas horas viajará a Ecuador, en medio de una coyuntura política marcada por acusaciones explosivas. El anuncio llega casi al mismo tiempo que se conoció el ataque a un barco cargado de drogas en la costa de Venezuela, con rumbo a Estados Unidos. El hecho reaviva la narrativa de que los carteles no solo mueven toneladas de cocaína, sino que también trazan líneas de poder que terminan golpeando directamente a los sistemas políticos de la región.
En este ambiente convulso, las declaraciones atribuidas al Cártel de los Soles sacudieron la política ecuatoriana al insinuar que parte de la campaña presidencial de Luisa González, excandidata de la Revolución Ciudadana, pudo haber recibido financiamiento ilícito. La acusación no es un simple rumor: conecta con una trama mayor donde la droga, la política y la geopolítica se entrecruzan peligrosamente.
González, como era previsible, salió al frente para defender lo suyo: la legitimidad de su candidatura y la credibilidad del movimiento político al que pertenece. Su discurso busca blindar la idea de que las insinuaciones son maniobras para desprestigiar a la Revolución Ciudadana. Así, pone por delante la lealtad partidaria y la preservación del capital simbólico de su agrupación, aun cuando la opinión pública exige respuestas más concretas.
En contraste, los alcaldes de Guayaquil, Quito y Cuenca —también cercanos a la Revolución Ciudadana— han optado por un tono distinto. Sus declaraciones se alinean más con la necesidad de cuidar la imagen institucional de sus ciudades que con defender a rajatabla a la ex candidata. Ellos saben que su capital político ya no depende de un proceso electoral sino de su capacidad de transmitir estabilidad y orden en medio de la crisis.
La diferencia de enfoques revela dos prioridades. González, que perdió las elecciones, sigue defendiendo el partido como plataforma de poder. Los alcaldes, que ya conquistaron sus cargos, entienden que lo que está en juego es su propia gobernabilidad local. El riesgo de quedar asociados a una narrativa de narcofinanciamiento podría afectar su relación con ciudadanos, empresarios y organismos de control, actores de los que dependen en el día a día.
En los matices se ve con claridad esta brecha. Mientras González insiste en denunciar conspiraciones y exige respeto al proceso democrático, los alcaldes subrayan la importancia de la transparencia y del deslinde de responsabilidades. Es un lenguaje de supervivencia: la ex candidata protege a su movimiento, los alcaldes se protegen a sí mismos.
La situación expone a la Revolución Ciudadana a un dilema mayor: respaldar sin fisuras a González o permitir que sus alcaldes marquen distancia para sostener la legitimidad en sus ciudades. En cualquier caso, se abre un espacio de tensión interna donde las agendas nacionales y locales pueden chocar con fuerza, debilitando la cohesión del partido.
En conclusión, lo que se vive hoy no es solo un eco de las palabras del Cártel de los Soles ni del ataque a un barco cargado de drogas en la costa venezolana. La verdadera discusión para los alcaldes debía ser otra: cuando se combata el narcotráfico en Venezuela, las rutas se desplazarán y el tráfico de drogas buscará otros puertos. Guayaquil ya es hoy uno de los principales puntos de salida hacia Europa y Estados Unidos, lo que hace que su seguridad y economía portuaria sean esenciales para la gobernabilidad local. Además, si el Cártel de los Soles continúa financiando y apoyando campañas de izquierda en la región, Estados Unidos pierde capacidad de control geopolítico; por el contrario, si logra mantener al cartel a raya, su influencia regional disminuye. Esta realidad no solo condiciona la seguridad ciudadana y la economía portuaria, sino también la posición estratégica de Ecuador y la capacidad de sus alcaldes para gobernar con legitimidad. Ignorarla sería una vulnerabilidad que ningún líder local puede permitirse.
